ASTURIAS,huelga general,29 marzo 2012

Oviedo, L. GANCEDO
La primera huelga general contra el Gobierno de Mariano Rajoy, segunda que protagoniza España desde el comienzo de la crisis, se saldó con un seguimiento desigual, semejante al de la convocatoria de 2010, pero inferior al impacto que consiguieron las movilizaciones más contundentes del actual período democrático (la del 14 de diciembre de 1988 o la del 20 de junio de 2002). Sí resultó histórica la participación ciudadana en las manifestaciones que acompañaron la protesta contra la reforma laboral. Una multitud expresó su descontento por la nueva regulación que abarata y facilita el despido, echándose a la calle en Oviedo en una de las marchas más concurridas que se recuerdan en Asturias.

La región estuvo otra vez en la primera línea de las movilizaciones laborales de España. Fue, tras el País Vasco, Navarra y Galicia, la autonomía donde más intenso fue el paro, según las estimaciones sindicales. El corazón económico de Asturias quedó paralizado, de nuevo con una alta participación de los trabajadores de la industria, la construcción y el transporte, y menor en los servicios. Y como en huelgas precedentes, tampoco fue uniforme la respuesta en las distintas comarcas asturianas: los municipios mineros del Caudal y del Nalón registraron una inactividad prácticamente total, mientras que en Oviedo, Gijón y Avilés el seguimiento, aunque amplio, no fue tan importante.

La letra de la reforma laboral encerraba en sí misma, temían los sindicatos, un mecanismo de desmovilización ante la convocatoria de una huelga: los trabajadores podían inclinarse por no secundar el paro ante el miedo a perder su trabajo por las nuevas facilidades que tienen las empresas para despedir más barato.

A la postre, la huelga general del 29-M tuvo una respuesta análoga a la que el 29 de septiembre de 2010 lanzaron los sindicatos contra el anterior Gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero. Es lo que apunta la variación del consumo de electricidad, uno de los pocos indicadores que se consideran fiables para medir sin interferencias el impacto de una huelga. A media tarde de ayer, la caída media de ese consumo en España rondaba el 16%, nivel semejante al de 2010 e inferior al de 2002 (21%). En Asturias, con una industria muy intensiva en el uso de la energía eléctrica, la demanda llegó a descender en algunos momentos más del 20%, como también había ocurrido hace dos años.

Gobierno, sindicatos y patronal volvieron a protagonizar una guerra de números y de declaraciones acerca del seguimiento del paro. El Gobierno trató de transmitir que la movilización tuvo una respuesta inferior a la de 2010. Enfrente, los sindicatos airearon que, como media, el 77% de los trabajadores (sin incluir a los nombrados para servicios mínimos) secundaron la huelga. En Asturias, UGT y CC OO elevaron esa proporción hasta el 89%, frente al 87% de dos años atrás. La patronal, CEOE, cifró el seguimiento en apenas el 15%, y en Asturias la FADE llegó a decir que únicamente el 7% de los trabajadores se sumó a la huelga de forma voluntaria.

Guerras de cifras aparte, las manifestaciones que se celebraron en las principales ciudades españolas reunieron a cientos de miles de personas y evidenciaron, más allá de la participación en la huelga, el descontento de un sector de la ciudadanía con una reforma laboral que constituye la clave de bóveda de la política económica que el Gobierno de Mariano Rajoy ha pergeñado para hacer frente a la crisis económica.

Oviedo fue una de las muchas plazas donde la participación en las manifestaciones fue multitudinaria, «histórica», a decir de los sindicatos. Durante su desarrollo, la Policía cargó contra un grupo de manifestantes, miembros de grupos «antisistema» y simpatizantes del movimiento 15-M, y realizó una detención. Fue uno de los contados incidentes de una jornada que en Asturias se saldó con cuatro detenidos más. Las organizaciones patronales se quejaron de la acción de los piquetes, si bien el propio Gobierno destacó que la jornada del 29-M transcurrió sin incidentes graves. Los más relevantes fueron los enfrentamientos entre policías y manifestantes en Barcelona. Los sindicatos acusaron al Gobierno de realizar un despliegue policial muy superior al de otras convocatorias.

En los días precedentes, el Ejecutivo había fijado su posición por boca de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y del titular de Economía, Luis de Guindos: no se cambiaría «ni un ápice» la reforma laboral. El lenguaje del Gobierno no fue tan expeditivo ayer, aunque la propia Báñez volvió a dejar claro que el núcleo de la reforma laboral -el despido, la flexibilidad para cambiar las condiciones de trabajo o el nuevo contrato para emprendedores- no es negociable. Mientras España está en la diana de los mercados -la Bolsa bajó ayer el 0,87% y la prima de riesgo subió a 365 puntos- y bajo estrecha vigilancia de Europa, los sindicatos avisaron ayer a Rajoy del riesgo de «un conflicto social creciente».